“Turquía es un país seguro para refugiados”. La Unión Europea se ha aferrado a esta consideración para defender el acuerdo con el que pretende zanjar la llegada de refugiados a Grecia. Pero las documentadas vulneraciones de derechos humanos del Gobierno de Erdogan y las claras deficiencias del sistema de asilo turco cuestionan aún más la ya discutida base legal del plan de expulsar a todos los solicitantes de protección que alcancen las islas griegas.